CARTA A LA CIUDADANA LUISA ORTEGA DÍAZ

Caracas, 10 de Diciembre de 2009


Ciudadana
Dra. Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela
Su Despacho.-


Apreciada Fiscal, reciba un fraterno y revolucionario saludo y nuestras felicitaciones por su nombramiento como Presidenta del Poder Moral Ciudadano.

Hoy, diez de diciembre de 2009, al cumplirse 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, conmemorándose el Día Internacional de los Derechos Humanos, establecida por la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) mediante resolución 423 del 10 diciembre de 1948, entre los que se establece: el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal; a no ser víctima de una detención arbitraria; a un proceso judicial justo; a la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario; a la inviolabilidad del hogar; a la libertad de movimiento y residencia; al asilo político; a la libertad de pensamiento y de conciencia.

Nosotros, los familiares, compañeros, amigos y victimas de la represión y persecución política de la IV República, hacemos un pronunciamiento público de apoyo y respaldo a su gestión por su compromiso con la justicia y repudio a la impunidad y el acompañamiento solidario que hemos encontrado en el Ministerio Público que Usted dignamente dirige.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Diciembre, 1999), próxima a cumplir 10 años, promueve y protege los derechos humanos, como derechos universales, irrenunciables, indivisibles, inalienables e interdependientes y establece que su respeto y garantía son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos del Poder Público.

De allí que en su artículo 29 exige: “El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.”

Para nosotros, que hemos vivido la época de las dictaduras disfrazadas de democracia, donde los gobiernos adecos y copeyanos, asesinaban, torturaban y perseguían a los luchadores sociales y militantes de izquierda, por atreverse a cuestionar el orden injusto impuesto por la clase hegemónica y por manifestar su pensamiento divergente, es una burla y una expresión de infinita hipocresía, la actitud que hoy día mantienen sectores de la oposición burguesa venezolana, quienes humillándose ante el Imperio Norteamericano y sus instituciones, ruegan la intervención en nuestro país, alegando supuestas graves violaciones a los derechos humanos.

Quienes hoy reclaman al Gobierno Bolivariano, por esas presuntas violaciones a los Derechos Humanos, son los mismos que administrando el Estado burgués, cometieron los crímenes más atroces contra nosotros. Es un verdadero cinismo que los asesinos del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, clamen por una amnistía cuando no tuvieron reparo en disparar contra el pueblo. Muchos de esos conspiradores, que trastocaron todos los principios democráticos cuando gobernaban y lo hicieron también contra los mandatos constitucionales establecidos por el pueblo con la revolución bolivariana, siguen utilizando los gestos de clemencia de los que han disfrutado inmerecidamente, para ensañarse aún más contra el proceso de transformación social que venimos impulsando y contra el nuevo destino de unidad libertadora hacia el cual transitan las naciones de Nuestra América que han decidido ser soberanas.

Cómo olvidar las masacres de Yumare, El Amparo, Cantaura, Liceo Sanz, La Victoria, las desapariciones forzadas, las torturas en los teatros de operaciones (TO), la intensidad de la represión ejercida por un régimen, que respondía a la necesidad de evitar que los revolucionarios se convirtieran en la referencia política de la población oprimida. Usaron todos los medios criminales para alcanzar sus fines: mas de 3000 victimas, dirigentes estudiantiles, campesinos, mujeres, del sector magisterial, vecinal y sindical los llevaron a juicios por “rebelión militar” y a otros nos perseguían para ser asesinados o encarcelados, teniendo que recurrir a la más estricta clandestinidad.

Quienes incrustaron sus balas en el pueblo bolivariano que defendió su sueño de revolución bonita un 11 de abril de 2002, pretenden ahora presentarse como víctimas en vez de victimarios, como “presos políticos”, y sus amos burgueses arman espectáculos y tramoyas, para implorar por sus “derechos humanos” ante los parapetos internacionales del imperio, con ridículas huelgas de hambre de los que viven en la saciedad a costa de haber saqueado permanentemente al pueblo que hoy consolida los frutos de su rebelión.

El Frente de Unidad Nacional de Familiares, Amigos de los Asesinados, Asesinadas, Desaparecidas, Desaparecidos, Torturadas y Torturados de los años 60, 70 y 80 conociendo de su compromiso con la justicia y en cumplimiento de los principios constitucionales tienen las esperanzas en que su permanencia al frente de este importante Despacho y como Presidenta del Poder Ciudadano, pueda responder a la deuda histórica con los más de tres mil venezolanos y venezolanas victimas de los delitos ejecutados por los distintos organismos del Estado controlados por gobiernos represivos y antipopulares de AD y COPEI.

La instamos a que prosiga con su recta conducta de compromiso con la justicia y reivindicación y a la observancia, respeto y garantía de los Derechos Humanos para enfrentar la impunidad y que reine la justicia.


Con saludos solidarios,


Atentamente,



Frente de Unidad Nacional de Familiares, Amigos de los Asesinados/as, Desaparecidos/as y Torturados/as de los años 60, 70 y 80